Nadie discute que Colombia debe prepararse para enfrentar el fenómeno de El Niño. Ahorrar energía es una responsabilidad colectiva, especialmente cuando la sequía amenaza los embalses y aumenta el riesgo de desabastecimiento. En eso comparto la necesidad de anticiparnos. Mi preocupación comienza cuando las medidas adoptadas para proteger el sistema eléctrico terminan trasladando nuevas cargas económicas a quienes cumplimos con pagar nuestras facturas.

El Gobierno puso en marcha el Plan Energía YA y la CREG expidió la Resolución 101 120 de 2026. El mecanismo parece sencillo: cada usuario tiene una meta individual de consumo; quien ahorre recibe un beneficio y quien supere su meta en más del 10 % asumirá un cobro adicional. Hasta ahí, la teoría parece razonable. El problema comienza cuando esa teoría llega al Caribe.

¿Cómo explicarle a una familia de Montería, Sincelejo, Cartagena, Barranquilla, Valledupar, Santa Marta o Riohacha que debe reducir el uso del ventilador o del aire acondicionado cuando afuera hay temperaturas cercanas a los 35 grados y una sensación térmica todavía mayor?

En el Caribe, una parte importante del consumo eléctrico no es un lujo sino consecuencia del clima. Ahorrar un kilovatio en Bogotá no representa el mismo esfuerzo que ahorrarlo en Magangué o Fundación.

La Resolución de la CREG contempla el consumo histórico y un mínimo de subsistencia que varía según la altitud. Reconozco esas medidas, pero considero que no resuelven las necesidades ocasionadas por temperaturas extraordinarias. Una familia no puede apagar el calor por disposición administrativa.

Por eso acudí al Consejo de Estado y presenté una demanda de nulidad contra la Resolución CREG y solicité la suspensión provisional. No discuto la necesidad de ahorrar energía ni desconozco las facultades regulatorias de la CREG. Mi cuestionamiento es estrictamente jurídico: aunque el dinero recaudado alimenta una bolsa destinada a reconocerles beneficios a quienes ahorren, ¿puede una autoridad administrativa crear un cobro obligatorio que ella misma declara que no forma parte de la tarifa ni constituye contraprestación por el servicio?

El Consejo de Estado debe determinar si existe autorización legislativa suficiente para imponer esa obligación patrimonial y si el mecanismo respeta el artículo 148 de la Ley 142, que establece garantías sobre los conceptos que pueden cobrarse en las facturas.

No soy abogado. Soy un ciudadano que paga la energía que consume en Bogotá, donde resido, y también la de Montería, donde vive mi hijo Jorge Camilo, un angelito de apenas tres años que ya ha sentido lo que significa soportar temperaturas cercanas a los 40 grados. No es lo mismo consumir energía en Montería, prácticamente al nivel del mar, que hacerlo en Bogotá, a 2.600 metros más cerca de las estrellas. Esa diferencia merece algo más que una fórmula matemática.

Las pérdidas de energía son otra discusión que tampoco podemos esconder debajo de la alfombra. Durante años hemos hablado de conexiones ilegales, manipulación de medidores y usuarios que consumen electricidad sin pagarla. Si le exigen esfuerzos adicionales al ciudadano cumplido, también deben exigir resultados concretos contra el fraude en todos los estratos. El robo de energía no es patrimonio exclusivo de los barrios pobres. Quien manipula una conexión, cualquiera que sea su condición económica, perjudica a quienes pagan cumplidamente las facturas.

Afinia y Air-e también deben asumir su responsabilidad. No resulta razonable pedir ahorro, paciencia y pago oportuno mientras persisten interrupciones y fluctuaciones de voltaje que afectan los electrodomésticos. La SuperServicios debe fortalecer la vigilancia y el Gobierno debe cumplir sus compromisos de mejoramiento del servicio.

El Plan Energía YA no puede convertirse solo en una campaña para decirle al ciudadano que consuma menos, sino que debe acompañarse de inversiones, reducción de pérdidas, mejoramiento de redes y medidas que reconozcan las particularidades regionales.

No pretendo que el Consejo de Estado sustituya a los técnicos ni que Colombia renuncie a prepararse para El Niño. Lo que solicito es examinar la legalidad del cobro y los límites de las facultades de la CREG. La decisión le corresponde a la justicia.

Estoy dispuesto a ahorrar energía y pagar lo que consumo. También considero legítimo exigir que las autoridades respeten la ley y que las empresas respondan por el servicio que prestan. Si el esfuerzo debe ser de todos, la responsabilidad también tiene que ser de todos.

Y como dijo el filósofo de La Junta: «Se las dejo ahí…» @LColmenaresR