El miércoles pasado el gobierno nacional expidió el Decreto 0572 de 2025 para modificar las tarifas de retención y autorretención del impuesto sobre la renta para más de 270 actividades económicas, con el argumento de «optimizar el recaudo tributario». Sin embargo, esta medida puede ser catalogada como una reforma tributaria encubierta que transfiere liquidez del sector privado al público, comprometiendo la estabilidad financiera de las empresas y generando riesgos macroeconómicos.

Me preocupa el decreto respecto al rumbo de la política fiscal y su impacto en la economía real. Esta norma, aunque no crea un nuevo impuesto, eleva de forma significativa las tarifas de autorretención y retención en la fuente sobre el impuesto de renta para una amplia cantidad de actividades económicas, incluyendo sectores estratégicos como energía, minería, agricultura, construcción y servicios. Además, al reducir los umbrales mínimos para practicar la retención, está ampliando el universo de quienes deben anticipar recursos al Estado, es decir, obligando a nuevos contribuyente. Y en serio que nadie se había atrevido a tanto sin dar el debate en el Congreso.

Desde mi punto de vista, y con base en mis conocimientos, a partir del ejercicio de mi profesión como contador público, puedo decir que no hay que hacer mayor análisis para concluir que el principal efecto inmediato de este decreto es una presión considerable sobre la liquidez de las empresas y personas naturales obligadas, ya que deben entregar al fisco recursos que aún no han generado como utilidad real.

El aumento de tarifas, que en algunos sectores pasa del 1% al 3,5% o incluso al 4,5%, y la reducción de las bases mínimas para aplicar retención, con lo cual quedan incluidas mucho más personas, implican que muchas micro, pequeñas y medianas empresas tendrán que destinar una mayor proporción de su flujo de caja al pago anticipado de impuestos. Esto representa, en la práctica, un adelanto agresivo del recaudo fiscal, que puede traducirse en menos capital disponible para operar, invertir, generar empleo y sostener la actividad productiva. No hay que ser experto para concluirlo.

Me preocupa que esta decisión se haya tomado sin un debate público profundo ni un análisis técnico riguroso sobre la capacidad real de los sectores afectados para soportar el ajuste. Se sintió como si el gobierno hubiera aprovechado que el miércoles estaba la gente concentrada en las manifestaciones y bloqueos del paro nacional, que el mismo gobierno convocó para ese día, y coger a todo mundo distraído.

El decreto se presenta como un mecanismo para garantizar la equidad y la neutralidad del sistema tributario, pero en la realidad, termina siendo una medida regresiva, ya que impacta con mayor fuerza a quienes tienen menos margen para responder: pequeños productores, comerciantes y empresas con baja capacidad de maniobra financiera, y esto puede tener consecuencias negativas sobre la formalización, el recaudo futuro y la estabilidad del empleo.

La justificación oficial apunta a la necesidad de anticipar el recaudo del impuesto de renta, cerrando brechas entre las autorretenciones y el impuesto a cargo, y evitando tratamientos dispares entre contribuyentes, pero el trasfondo es un afán de caja para cubrir las necesidades fiscales inmediatas del gobierno, trasladando el problema a los años siguientes.

Recaudar en 2025 lo que corresponde al 2026 puede crear un vacío fiscal estructural para el futuro y comprometer la sostenibilidad de las finanzas públicas que, lejos de fortalecer la confianza y la inversión, generan incertidumbre y desincentivan la planeación empresarial. La falta de gradualidad en su implementación y la ausencia de medidas compensatorias para los sectores más sensibles aumentan la percepción de inestabilidad normativa. Esto puede traducirse en menos inversión, menor generación de empleo y, en última instancia, en un deterioro del tejido productivo nacional.

Me parece preocupante que el decreto amplíe la discrecionalidad presupuestal del gobierno, permitiendo reasignaciones internas de recursos sin mayor control o transparencia. Esto, sumado al aumento de cargas tributarias sin una reforma estructural y sin fortalecer la base formal de contribuyentes, puede ahondar la informalidad y debilitar aún más la capacidad de recuperación de la economía colombiana.

Considero que el Decreto 0572 de 2025 es una medida de corto plazo que, bajo el argumento de optimizar el recaudo, termina asfixiando la liquidez empresarial, afectando la formalización y sembrando incertidumbre sobre la sostenibilidad fiscal futura. Colombia necesita una reforma tributaria integral y concertada, no parches que comprometen la estabilidad y la confianza en el sistema económico.

Y como dijo el filósofo de La Junta: «Se las dejo ahí…” @LColmenaresR