El miércoles pasado el gobierno nacional expidió el Decreto 0572 de 2025 para modificar las tarifas de retención y autorretención del impuesto sobre la renta para más de 270 actividades económicas, con el argumento de «optimizar el recaudo tributario». Sin embargo, esta medida puede ser catalogada como una reforma tributaria encubierta que transfiere liquidez del sector privado al público, comprometiendo la estabilidad financiera de las empresas y generando riesgos macroeconómicos.
Me preocupa el decreto respecto al rumbo de la política fiscal y su impacto en la economía real. Esta norma, aunque no crea un nuevo impuesto, eleva de forma significativa las tarifas de autorretención y retención en la fuente sobre el impuesto de renta para una amplia cantidad de actividades económicas, incluyendo sectores estratégicos como energía, minería, agricultura, construcción y servicios. Además, al reducir los umbrales mínimos para practicar la retención, está ampliando el universo de quienes deben anticipar recursos al Estado, es decir, obligando a nuevos contribuyente. Y en serio que nadie se había atrevido a tanto sin dar el debate en el Congreso.
Desde mi punto de vista, y con base en mis conocimientos, a partir del ejercicio de mi profesión como contador público, puedo decir que no hay que hacer mayor análisis para concluir que el principal efecto inmediato de este decreto es una presión considerable sobre la liquidez de las empresas y personas naturales obligadas, ya que deben entregar al fisco recursos que aún no han generado como utilidad real.
El aumento de tarifas, que en algunos sectores pasa del 1% al 3,5% o incluso al 4,5%, y la reducción de las bases mínimas para aplicar retención, con lo cual quedan incluidas mucho más personas, implican que muchas micro, pequeñas y medianas empresas tendrán que destinar una mayor proporción de su flujo de caja al pago anticipado de impuestos. Esto representa, en la práctica, un adelanto agresivo del recaudo fiscal, que puede traducirse en menos capital disponible para operar, invertir, generar empleo y sostener la actividad productiva. No hay que ser experto para concluirlo.
Me preocupa que esta decisión se haya tomado sin un debate público profundo ni un análisis técnico riguroso sobre la capacidad real de los sectores afectados para soportar el ajuste. Se sintió como si el gobierno hubiera aprovechado que el miércoles estaba la gente concentrada en las manifestaciones y bloqueos del paro nacional, que el mismo gobierno convocó para ese día, y coger a todo mundo distraído.
El decreto se presenta como un mecanismo para garantizar la equidad y la neutralidad del sistema tributario, pero en la realidad, termina siendo una medida regresiva, ya que impacta con mayor fuerza a quienes tienen menos margen para responder: pequeños productores, comerciantes y empresas con baja capacidad de maniobra financiera, y esto puede tener consecuencias negativas sobre la formalización, el recaudo futuro y la estabilidad del empleo.
La justificación oficial apunta a la necesidad de anticipar el recaudo del impuesto de renta, cerrando brechas entre las autorretenciones y el impuesto a cargo, y evitando tratamientos dispares entre contribuyentes, pero el trasfondo es un afán de caja para cubrir las necesidades fiscales inmediatas del gobierno, trasladando el problema a los años siguientes.
Recaudar en 2025 lo que corresponde al 2026 puede crear un vacío fiscal estructural para el futuro y comprometer la sostenibilidad de las finanzas públicas que, lejos de fortalecer la confianza y la inversión, generan incertidumbre y desincentivan la planeación empresarial. La falta de gradualidad en su implementación y la ausencia de medidas compensatorias para los sectores más sensibles aumentan la percepción de inestabilidad normativa. Esto puede traducirse en menos inversión, menor generación de empleo y, en última instancia, en un deterioro del tejido productivo nacional.
Me parece preocupante que el decreto amplíe la discrecionalidad presupuestal del gobierno, permitiendo reasignaciones internas de recursos sin mayor control o transparencia. Esto, sumado al aumento de cargas tributarias sin una reforma estructural y sin fortalecer la base formal de contribuyentes, puede ahondar la informalidad y debilitar aún más la capacidad de recuperación de la economía colombiana.
Considero que el Decreto 0572 de 2025 es una medida de corto plazo que, bajo el argumento de optimizar el recaudo, termina asfixiando la liquidez empresarial, afectando la formalización y sembrando incertidumbre sobre la sostenibilidad fiscal futura. Colombia necesita una reforma tributaria integral y concertada, no parches que comprometen la estabilidad y la confianza en el sistema económico.
Y como dijo el filósofo de La Junta: «Se las dejo ahí…” @LColmenaresR
Excelente análisis para continuar refleccionandp sobre el gran descalabro fiscal propuesto por este nefasto gobierno.
Excelente posición, se enmarca dentro de las políticas de recaudo forzado, pero pienso será producto de algún vacío legal.
Tal cual por el afan de hacer caja causa un enorme perjuicio y al final lo que provoca es un aumento del deficit para la vigencia fiscal 2026
Es una locura, en estos momentos la economía esta por los suelos por muchos factores principalmente por la mal llamada vacuna que se paga prácticamente en todo el país y de sobremesa nos imponen mas impuestos, no se a donde vamos a llegar. Definitivamente debemos volver a la informalidad, no hay mas
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El reajuste de la retención en la fuente, facultad existente en el artículo 365 del Estatuto Tributario, modificado por la Ley 1819 de 2016 y ahora, nueve años después, vuelto a modificar por el decreto 0572 de 2025 beneficia primero, sin duda alguna, al dueño de los bancos en Colombia, lugar donde se consignan los recaudos del Estado y que gracias al “multiplicador bancario” los bancos multiplicaran por 4 o 5, dichos recursos, convertidos en capital financiero generador de intereses sobre los préstamos de dinero fiduciario; es decir, que carece de valor intrínseco o simplemente no está respaldado por un metal como el oro o la plata, ni por ningún otro activo tangible o materia prima. Generalmente el multiplicador bancario lleva a cambios en la inflación y, por tanto, en los precios, a través de su efecto en la oferta monetaria.
Veamos quienes se afectan. Los consumidores de estratos 1,2,3 y parte del 4 por el incremento de los precios. También se favorecen los comerciantes.
Ahora, la mayoría del ajuste de la retención en la fuente se calculó sobre los promedios históricos de “otros ingresos” generalmente inferior en un 1% pues ya tenían retención algunos hasta 3% y otros no sobrepasan el 3.5%. La norma (art 365 ET) ha facultado, desde antes, Ley 1819 de 2016, al Gobierno Nacional para establecer la autorretención sin excederse del 4.5%
Desde luego que el problema de las autorretenciones o las retenciones en la fuente no afecta el profesionalismo de los contadores. El problema socio-económico que afecta a la sociedad colombiana es la desarmonía e incumplimiento de la función de los poderes democráticos que desconocen de mala fe la importancia de la democracia como sistema político.
Nos clavaron una reforma trbutaria en retenciones por decreto y en plena campaña preelectoral.
Más perjudicial aún es que muchas empresas en el año gravable 2025 pasen con saldo favor en renta, nefasto para el capital de w y las expone a las engorrosas visita de DIAN en su programa de auditoría de saldos a favor. maquiavélico decreto
MI ESTIMADO LUIS ALFONSO: TE FELICITO TUS EXCELENTES COMENTARIOS SOBRE ESE ESPERPENTO DECRETO 572 DE MAYO/2025. LA SAPIENCIA CON QUE LO DENUNCIAS HACE QUE NUESTRA CLASE CONTABLE ADMIREMOS TUS CUALIDADES INTELECTUALES Y PROFESIONALES. UN ABARAZO.
ALVARO LOZANO BECERRA, muchas gracias por su aporte a la realidad económica en que estamos, no sometamos a las empresas a dificultades financieras que nos acarren mis problemas de los que ya tenemos apoyemos estas críticas constructivas
Sigue el despilfarro en el gasto público, cada vez surgen más y más escándalos de corrupción; y Como siempre es el pueblo de los estratos 1,2,3 y 4 quienes terminamos, cada vez mas arrinconados o contra las cuerdas; y en defensa buscamos refugio en la ilegalidad.
Considero que el Decreto 0572 de 2025, nos está robando el presupuesto para el año 2026 y los años siguientes.
Estoy totalmente de acuerdo con el editorial de Luís Alfonso Colmenares.
Gracias Amigo y colega por estar siempre presente y defendiendo los intereses todos los Colombianos.
Carlos alfonso Reyes
Mi comentario es que el decreto 0572 del 2025, es un decreto que no hubo un estudio exhaustivo por parte de la comisión de los Congresistas que aprobaron dicho decreto y el gobierno esta tan desorientado que no sabe como incrementar los ingresos del presupuesto nacional y esto conlleva que muchas empresas pequeñas cada dia quedan ilíquidas en la operación financiera, de como poder cubrir bien sus obligaciones con sus proveedores y demás con tienen obligaciones, estoy muy de acuerdo con el mensaje del colega de Luis Alfonso Colmenares, muchas gracias por compartirlo
Considero que ademas de estos comentarios muy acertados por cierto, la comunidad de profesionales contables, debemos ir un poco mas allá, y mínimo como gremios de esta profesión expresar mediante comunicados oficiales pronunciamientos contundentes a todo nivel, que expresen nuestra inconformidad como entes activos de la sociedad y que no nos dejen como solo quejetas y borregos, pues segurmanete en una semana este tema será olvidado y no pasó nada, y los que las hacen siguen haciendo mas cosas aún peores amparados en nuestra indiferencia. Estoy listo para aportar, firmar o marchar. Quien se une?
» Ya no me duele lo que hacen los hombres malos, me duele mucho mas la indiferencia de los hombres buenos» Martin Luther King.
este si es el mayor atropeyo a la industria, comercio y toda activdad productora, un decreto expedido el 28 y que empzaba a ser obligatorio el dia 1de junio sin una debida pubicacion, sin tiempo de mplementarlo, en plenoa conmocion con el tema del paro, fue hecho como trampa para que los comerciantes entraran en incumplimiento.
creo que esto debe tener una reglamentacion porque tiene todo lo de un atropeyo al contribuyente.
Hora de muchas revisiones: junta, directivos, normas, leyes,
Conveniencia de tanta sumisión a normas internacionales y tanta arrodillada a firmas extranjeras.
Y cómo funciona la ética en el estado colombiano?