En el horizonte del año 2025, nos acercamos a un período electoral crucial para Colombia que representa una oportunidad única para la comunidad contable. La Contaduría Pública, pilar esencial del desarrollo económico y social del país, enfrenta retos que exigen reformas legales y estructurales profundas. Como contador público y analista de nuestra profesión, considero imperativo movilizarnos colectivamente para garantizar una representación efectiva en el Congreso de la República. Es hora de elegir líderes contables que impulsen los cambios necesarios para modernizar y fortalecer nuestra profesión.
La Ley 43 de 1990, que regula la Contaduría Pública en Colombia, ha quedado rezagada frente a los desafíos contemporáneos. Es una norma del siglo pasado, expedida bajo la vigencia de la Constitución de 1886, en una época en la que no existían internet, telefonía móvil, firma digital ni se hablaba de inteligencia artificial. En otras palabras, es una ley desfasada en el tiempo; esto es razón suficiente para emprender una reforma integral que no solo actualice el marco legal del ejercicio profesional, sino que también aborde temas críticos como la revisoría fiscal, las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), el aseguramiento de la información, el gobierno corporativo y los estándares de sostenibilidad.
Sin embargo, para lograr estos cambios necesitamos contar con una voz fuerte y unificada en el Congreso. Actualmente hay congresistas que son contadores públicos, pero ninguno representa a la profesión ni muestran interés en hacerlo. Incluso el presidente de la Cámara de Representantes es contador público; no obstante, su papel en relación con nuestra profesión ha sido irrelevante, eso y nada es lo mismo.
La elección de al menos dos contadores públicos en el Senado y varios más en la Cámara de Representantes es esencial. Estos representantes deben liderar la causa contable con carácter, autonomía e independencia, promoviendo leyes que reflejen las necesidades reales de nuestra profesión. Es fundamental superar divisiones ideológicas o partidistas y unirnos en torno a este objetivo común.
Todos conocemos la dispersión normativa que afecta a la revisoría fiscal, una institución clave en el control empresarial. Esta situación genera confusión e ineficiencias; por ello, es imprescindible consolidar su regulación en un estatuto único que fortalezca su rol como garante de transparencia y confianza en las organizaciones.
Asimismo, es necesario reformar los órganos rectores de nuestra profesión: el Consejo Técnico de la Contaduría Pública y la Junta Central de Contadores. Estas entidades deben ser dotadas de mayor autonomía e integradas por profesionales idóneos para ejercer sus funciones con eficacia. Además, debemos considerar a la Contaduría General de la Nación como un actor clave de la regulación contable en general y la consolidación de la contabilidad pública, asegurando que los recursos sean gestionados con transparencia y responsabilidad.
La globalización económica exige que los contadores públicos colombianos estén alineados con estándares internacionales para dejar atrás un enfoque parroquial. La adopción plena de las NIIF y las Normas Internacionales de Auditoría (NIA) no puede ser opcional; debe ser obligatoria y respaldada por un marco legal robusto. Además, debemos incorporar principios de sostenibilidad y gobierno corporativo que reflejen las demandas actuales del mercado y la sociedad.
Estos cambios no solo fortalecerán nuestra profesión internamente, sino que también van a mejorar su percepción externa. En Colombia, el contador público aún enfrenta estigmas asociados a tareas rutinarias y operativas. Es hora de reivindicar nuestro rol estratégico como asesores clave en la toma de decisiones empresariales.
La falta de liderazgo y cohesión ha sido uno de los mayores obstáculos para el avance de nuestra profesión. Durante décadas hemos permitido que intereses fragmentados diluyan nuestras demandas colectivas. Esto ha resultado en una regulación obsoleta y una representación política insuficiente. Por eso hoy más que nunca necesitamos unidad. La construcción de consensos basados en principios estratégicos como la calidad educativa, la ética profesional y nuestra relevancia en temas como sostenibilidad e innovación tecnológica debe guiar nuestras acciones para poner a la profesión contable al nivel que exigen los tiempos actuales.
La formación académica juega un papel crucial en este proceso transformador; las universidades también deben asumir su responsabilidad. Sin embargo, algunas estadísticas indican que solo el 18 % de los programas académicos en contaduría pública están acreditados como de alta calidad. Esto refleja una desconexión entre las necesidades del mercado laboral y los currículos ofrecidos por muchas instituciones universitarias que se limitan a otorgar títulos.
Es vital trabajar con las universidades para actualizar los programas académicos e incluir habilidades blandas, conocimientos tecnológicos avanzados y enfoques éticos sólidos. Solo así podremos preparar a las nuevas generaciones para enfrentar los desafíos actuales y futuros; porque el objetivo no puede ser únicamente asegurar el ejercicio profesional de quienes ya cruzamos la esquina y estamos jubilados o cerca del retiro. Es hora de que la contaduría pública en Colombia dé un paso adelante. El año 2025 no solo debe marcar un hito electoral; es una oportunidad para redefinir el futuro de nuestra profesión pensando en las nuevas generaciones.
Convoco a todos mis colegas contadores públicos a participar activamente en este proceso político crucial. Debemos elegir congresistas comprometidos con nuestra causa y apoyar iniciativas legislativas que promuevan una contaduría pública moderna, ética e independiente capaz de competir y colaborar en un mundo globalizado. La transparencia, la rendición de cuentas y la sostenibilidad deben ser pilares fundamentales de nuestra profesión.
Esta es nuestra oportunidad para demostrar que somos más que números: somos agentes clave del desarrollo económico y social del país. Unidos podemos transformar nuestra profesión y garantizar su relevancia en un mundo cada vez más complejo e interconectado. ¿Quién dijo miedo? ¡Es hora de actuar!
Y como dijo el filósofo de La Junta: «Se las dejo ahí…” @LColmenaresR
Lus Alonso, suscribo tu columna. Todos los planteamientos que allí escribes son de una actualidad y realidad total. Se hace necesaria la actualización y modernización de la contaduría. Vamos adelante. Cuenta con mi apoyo y lo habré de divulgar entre mis colegas.
Está propuesta sobre la profesión políticamente es a futuro, es válida y nunca es tarde, pero dado el reciente estudio financiero del Ministerio de Salud sobre las EPS intervenidas en tema importante que no se ha tratado ni dicho nada, a la luz de la normatividad vigente, que papel desde mucho tiempo atrás y hasta ahora se ejercio, se ejerce y se ejercerá en esas EPS por parte de los Contadores Públicos como tales o como revisores fiscales o en cargos afines?
Sobre la ética profesional, la fe publica, Información fidedigna con Estados financieros certificados y dictaminados y tomados fielmente de los libros de contabilidad, con soportes internos y externos que prueben las operaciones reales.
https://youtu.be/Mj_dngUK8SE?si=1jXV_RydPTnJBusT
https://www.facebook.com/100009572653670/posts/3836733059989078/
Totalmente de acuerdo luis,te apoyo en una eventual postulacion
Soy igual de consciente que ud señor Colmenares desde joven y ya viejo de la profesión que va en deterioro. Debemos entrar en otro tipo de relación con la Dian y el factor monetario. Lo apoyo.