No puedo menos que sentirme indignado ante el incumplimiento de la sentencia T-172 de 2019 que ordenó al Ministerio del Interior, Procuraduría General de la Nación y Defensoría del Pueblo tomar medidas específicas para proteger los derechos fundamentales a la supervivencia, identidad cultural, autonomía y asociación de las comunidades indígenas Wayúu, y que las mencionadas entidades han ignorado y desatendido.

La “Veeduría Ciudadana Wayuú – Súliwó´ú” presentó un incidente de desacato al incumplimiento de esta sentencia, y el Juzgado 62 Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá abrió un trámite incidental contra el Mininterior la Procuraduría y la Defensoría del Pueblo. Es inaceptable que, después de casi seis años, las órdenes de la Corte Constitucional no hayan sido ejecutadas, dejando a las comunidades Wayúu en una situación de vulnerabilidad y desprotección.

En concreto, mediante la sentencia T-172 de 2019, la Corte Constitucional ordenó realizar estudios etnológicos y diseñar procedimientos específicos para el registro de los grupos sociales Wayúu, sus autoridades ancestrales y las asociaciones de autoridades; la convocatoria de un proceso de consulta con el pueblo indígena Wayúu para ajustar las medidas necesarias y garantizar el ejercicio de sus derechos de acuerdo con su organización social, usos, costumbres e instituciones propias.

Sin embargo, el Mininterior ha guardado silencio y no ha presentado ningún informe de gestión ni ha tomado acciones concretas para cumplir con estas órdenes y la falta de acción es especialmente preocupante, ya que esta entidad tenía la responsabilidad principal de ejecutar las órdenes de la Corte Constitucional. La negligencia y el capricho del Ministro del Interior, Armando Benedetti, han llevado a la imposición de una multa por desacato, pero esto no es suficiente para reparar el daño causado a las comunidades Wayúu. La Procuraduría y la Defensoría del Pueblo, aunque han realizado algunas gestiones de seguimiento y acompañamiento, tampoco han logrado garantizar el cumplimiento efectivo de la sentencia.

Es evidente que las instituciones del Estado han fallado en su deber de proteger y garantizar los derechos fundamentales de los pueblos indígenas. La falta de gestión y cumplimiento de las órdenes judiciales refleja una profunda irresponsabilidad institucional y una indiferencia hacia las necesidades y demandas de las comunidades Wayúu. Esta situación no solo vulnera los derechos de estas comunidades, sino que también afecta la confianza en el sistema judicial y en las instituciones del Estado.

Como veedor ciudadano coadyubo la decisión del Juzgado 62 Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá para exigir que se tomen medidas inmediatas en dirección de cumplir con la sentencia T-172 de 2019. No se puede permitir que la negligencia y la falta de responsabilidad institucional continúen afectando a las comunidades indígenas. Es necesario que el Ministerio del Interior, la Procuraduría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo asuman su responsabilidad y actúen de manera diligente y efectiva, como el deber que tienen, para garantizar el cumplimiento de las órdenes judiciales.

Además, hago un llamado a la sociedad civil y a las organizaciones de derechos humanos para que se mantengan vigilantes y presionen a las instituciones del Estado para que cumplan con sus obligaciones. Los intermediarios que viven al acecho no se pueden aprovechar de esta situación para obtener beneficios personales a costa del cumplimiento del fallo. Y también hay que identificar a las autoridades municipales y autoridades tradicionales que están impidiendo el cumplimiento de la sentencia.

Es fundamental que se establezcan mecanismos de interlocución efectivos entre las autoridades locales y las entidades nacionales para lograr una actuación oportuna y respetuosa de las particularidades del pueblo Wayúu.

En conclusión, la falta de cumplimiento de la sentencia T-172 de 2019 es un claro ejemplo de la negligencia institucional y la falta de responsabilidad por parte del Ministerio del Interior, la Procuraduría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo.

Es urgente que estas entidades tomen medidas concretas para garantizar el cumplimiento de las órdenes judiciales y proteger los derechos fundamentales a la supervivencia, identidad cultural, autonomía y asociación de las comunidades indígenas Wayúu. No podemos permitir que la indiferencia y la negligencia continúen afectando a estas comunidades. Es hora de actuar con responsabilidad y compromiso para garantizar un futuro digno y justo para los pueblos indígenas.

Y como dijo el filósofo de La Junta: «Se las dejo ahí…” @LColmenaresR