En términos coloquiales, directo y a la yugular: ¿de qué han servido las administraciones temporales a la educación, alimentación escolar, salud y agua potable en La Guajira? 

¿Qué han logrado? 

¿Qué han hecho distinto y en qué ha progresado La Guajira desde el año 2017 cuando se ordenó la administración hasta hoy? 

Las preguntas no pretenden poner en duda las razones que hubo en su momento para que se tomara la decisión de dichas intervenciones, en virtud de lo establecido en el decreto 28 de 2008 y con base en la decisión adoptada a través del documento CONPES 3883 de 2017 que luego fue extendida a través del documento CONPES 3984 de 2020. 

El gobierno nacional tuvo en cuenta varias circunstancias que evaluó de manera objetiva, a partir de una estrategia de monitoreo, seguimiento y control integral al gasto identificando eventos de riesgo, y que no se habían cumplido los planes de desempeño.

En el sector de la salud, el costo total de adoptar la medida correctiva de asunción temporal de competencias por el período 2017-2020 se estimó en $5.682 millones, y la extensión de la medida correctiva por el período 2020-2022 se estima en $3.274 millones.

Se encontró un manejo inadecuado de los recursos reflejado en el pago de conceptos de gasto distintos a los autorizados; falta de ejecución de la totalidad de los recursos; debilidades en el manejo del Fondo Departamental de Salud; contratación sin el lleno de los requisitos legales; contratación con entidades privadas para realizar acciones de salud pública sin priorizar a los hospitales; cambio en la destinación y manejo inadecuado de los recursos; falta de control en el manejo de las cuentas maestras y realización de pagos que no corresponden al objeto de gasto y a la destinación específica; tendencia reiterada de realizar pagos no autorizados o pagos de actividades no relacionadas directa y exclusivamente con las competencias o acciones de salud pública; la contratación no estuvo acorde con los requisitos legales estipulados; no publicación de los actos administrativos de justificación de contratación directa y los estudios previos de los contratos en el SECOP; compra directa de medicamentos NO POS sin identificar la necesidad que se pretendía satisfacer con estos medicamentos; deficiente defensa jurídica.

El sector de educación, el costo total de adoptar la medida correctiva de asunción temporal de competencias por el período 2017-2020 se estimó en $11.616 millones, y la extensión de la medida correctiva por el período 2020-2022 se estima en $9.580 millones.

El sector presentaba problemas en el envío inadecuado, calidad e inconsistencias de la información reportada; incumplimiento, uso ineficiente e inadecuado en la ejecución de los recursos; por ejemplo, se superó en 113,2 % el tope autorizado para gastos administrativos: burocracia; inconsistencias en la información del Directorio Único de Establecimientos; registro inadecuado de la información financiera; no entrega de

dotaciones; falta de reglamentación de las zonas de difícil acceso; no ejecución de recursos asignados para la atención de población en internados; y distribución de la planta de personal sin tener en cuenta los parámetros técnicos para hacerlo.

Sobre el Plan de Alimentación Escolar (PAE), el costo total de adoptar la medida correctiva de asunción temporal de competencias por el período 2017-2020 se estimó en $3.061 millones, y la extensión de la medida correctiva por el período 2020-2022 se estima en $1.731 millones.

El diagnóstico del PAE no lleva a responsabilidades menores. Robarse la plata para la alimentación de los niños es quizás lo mas grave. No tiene perdón. Los que hayan llevado a cabo la acción ya están condenados por la justicia divina y ni siquiera alcanzarán a llegar al purgatorio. 

Con fundamento en el informe de la Contraloría, la evaluación del gobierno nacional concluyó que existen situaciones que ponen en riesgo la ejecución del PAE y que impiden administrar de forma eficaz y eficiente los recursos. 

Dejando en claro que no hay reporte o inconsistencias en el reporte de información; no publican los actos administrativos, contratos e informes de supervisión; no dispone de mecanismos de participación ciudadana y de rendición de cuentas; no se tiene conformado el Comité de Alimentación Escolar; falta planeación para contratar; incumplimiento de los lineamientos técnico-administrativos y obligaciones del operador; no incluye la lista de bienes, obras y servicios en el Plan Anual de Adquisiciones. 

Respecto al agua potable y saneamiento básico, el costo total de adoptar la medida correctiva de asunción de temporal de competencias por el período 2017-2020 se estimó en $8.108 millones, y la extensión de la medida correctiva por el período 2020-2022 se estima en $8.242 millones.

Todo es problema, resumido en el hecho de que en La Guajira la gente se muere de sed.  

Ha habido uso ineficiente de los recursos; no se han ejecutado recursos que han estado disponibles; la Gobernación no paga subsidios del servicio de aseo en algunos municipios; y la tapa es que después de diez años de ejecución de un crédito con el Banco Mundial, la dinámica de ejecución no ha sido la esperada, asociado a los problemas de cambios en la Gobernación que han impedido el avance en temas claves para consolidar una ejecución adecuada de los proyectos. 

¿Ante este panorama qué querían? 

La evidencia empírica de la calidad de la función pública en la gobernación del departamento de La Guajira no permite generar confianza: más de diez gobernadores elegidos han terminado con problemas judiciales: destituidos, encarcelados, condenados, en fin.  

A pesar de los pocos avances alcanzados como consecuencia de la intervención sugerida en el documento CONPES 3883 y cuyo plazo venció el 20 de febrero de 2020, de todas maneras, se concluyó que persisten riesgos y rezagos que justifican la extensión por dos años de la asunción temporal de las mismas competencias en el departamento de La Guajira, adoptada mediante el documento CONPES 3984 de 2020. 

En el sector salud no se cumplió con 19 de las 27 condiciones establecidas y se identificaron situaciones adicionales.

En el sector de educación, a pesar de que se presentaron avances no se cumplieron las condiciones necesarias para la reasunción de la competencia, porque el porcentaje de cumplimiento de condiciones no es superior al 60 %.  

En alimentación escolar persiste un bajo porcentaje de cumplimiento para demostrar la superación total de los eventos de riesgo que motivaron la adopción de la medida.  

El sector de agua potable y saneamiento básico no alcanzó el cumplimiento del 80 % de la ejecución del Plan General Estratégico de Inversiones 2017-2019, lo que demuestra la permanencia de los eventos de riesgo. 

¡Es decir, la ineficiencia y los ladrones siguen al acecho para aprovecharse del menor descuido y seguir dando los zarpazos a los recursos públicos! 

¿Pero insisto, de qué ha servido la intervención temporal? ¿Qué ha cambiado hasta hoy? 

¿Será que cambiaron un ladrón por otro ladrón? 

¿Y si todo sigue igual entonces qué sentido tiene la intervención temporal? 

El costo total de la medida correctiva de asunción de competencias por el período 2017-2020 relacionada con gastos de personal, alojamiento, gastos de viaje y desplazamiento, seguros, fiducias, gastos de papelería, arriendos, vehículos y equipos, entre otros gastos de funcionamiento se estimó en $28.647 millones; y la extensión de la medida por el periodo 2020-2022 se estima en $22.827 millones, es decir, la intervención temporal 2017-2022 termina costando $51.474 millones. ¿A cambio de qué?

¿Pero demás, qué ha pasado con las veedurías ciudadanas, si como lo expresa el artículo 18 del decreto 28 de 2008 los veedores ciudadanos, vocales de control o cualquier ciudadano podrán acceder a la revisión de los contratos y ejecuciones presupuestales donde se inviertan recursos públicos? 

Como dijo el filósofo de La Junta “se las dejo ahí”. @LcolmenaresR