El pasado 13 de marzo el país fue víctima del más grotesco intento de fraude electoral que recordemos en nuestra historia reciente, el cual no fue improvisado, sino que se trató de una operación planificada meticulosamente, de manera juiciosa, porque de otra forma no se entiende la magnitud de la misma.

Se intentó burlar la voluntad de cada ciudadano al momento de elegir en las urnas un candidato que lo represente en Senado y Cámara de Representantes.

A punta de delitos, si, de delitos electorales, montaron una operación donde ha quedado demostrado que hubo la trashumancia de votos de unos territorios a otros, sin que los elegidos jamás hubieran pisado lugares donde terminaron sacando tal cantidad de votos, y desde el momento de la inscripción de las cédulas ese fenómeno nunca lo controló la organización electoral.

Quién explica las razones por las cuales un candidato al senado, totalmente foráneo al departamento de La Guajira, saca en el municipio de Uribia más de 10 mil votos y en el departamento más de 20 mil. Algunos dicen que la explicación está en el hecho de que se trataba de un candidato promovido desde el Consejo Nacional Electoral. Vaya usted a saber.

Sectores que tradicionalmente tienen un nicho de leales a la hora de votar, vieron el detrimento de su caudal electoral en favor del Pacto Histórico, que al final fue el único favorecido por el fraude electoral.

Resulta incomprensible que el candidato ganador dentro del negocio de la consulta de esa alianza, desde el día uno del resultado, alegara que le hacían falta 500 mil votos, los cuales le “aparecieron” días después dándole así la victoria dentro de su movimiento y las mayorías en el Senado de la Republica.

Como si se tratara de una especie de cobro por algo que ya había pagado y que el deudor respondió poniéndose al día.

No hay duda de que, de haber favorecido esta vergüenza histórica a otro espectro ideológico, distinto a la extrema izquierda, hoy tendríamos el país en llamas. Pero, es tal el descaro, que aun hoy el beneficiado por el fraude sigue reclamando otros cientos de miles de votos que afirma: “me hacen falta”.

¿Y cómo sabe el candidato cuántos votos le hacen falta?

Otra vergüenza que se vivió como resultado del fraude electoral del 13 de marzo fue la pasividad con la que el gobierno encaró el asunto. Solo días después a la denuncia del fraude y por la indignación ciudadana reaccionó citando a una Comisión de Garantías Electorales.

¿Garantías, de qué garantías habla el gobierno?

Si quedó palpable que los colombianos ya no podemos confiar, siquiera en que sea respetado por lo que votamos. De confirmarse el resultado de estas elecciones, o de no alcanzarse a contar cada voto emitido hace ocho días, no puede haber un Congreso posesionándose el 20 de julio, no sin antes darle certeza a los colombianos de que el recuento haya sido limpio y transparente.

Para confiar en los resultados electorales se requiere que exista legitimidad y transparencia, que solo se pueden garantizar con el recuento de los tarjetones porque en el formulario E14 se omitieron muchos votos en perjuicio de muchos candidatos. Yo fui víctima de esas omisiones, a mi me robaron votos! y tengo pruebas para demostrarlo como ya lo he venido haciendo a través de las redes sociales.

Es un deber y un derecho moral que tenemos los ciudadanos de impedir que un Congreso espurio e ilegitimo llegue a legislar, porque sería permitir el más flagrante ataque a la democracia en años en nuestro país.

Es urgente que se depuren responsabilidades, y a propósito de ello el registrador está en mora de renunciar. Pero, como en este país nadie renuncia, no esperemos verlo tomar tal decisión por simple moral.

No hay justicia en este país, no hay elecciones transparentes, no hay leyes que protejan a los colombianos. De perpetrarse el fraude de forma definitiva, el país va directo al abismo.

Y como dijo el filósofo de La Junta: Se las dejo ahí… @LColmenaresR