La empresa El Cerrejón me respondió un derecho de petición respecto al cumplimiento de la sentencia T-704/16, que le ordenó “implementar un plan inmediato de mitigación de daños ambientales, sociales, culturales en la zona, para lo cual, deberá compensar los daños causados ​​por la explotación de carbón al ambiente y a los derechos de las comunidades afectadas”.

La respuesta se puede consultar en tres documentos a través del siguiente link: https://laopiniondecolmenares.com/cerrejon-informes-de-cumplimiento-de-la-sentenciat-704-de-2016/

El Cerrejón ha desembolsado una cantidad de dinero que no se refleja en la solución de los problemas, pagando más de $220 mil millones por compensación a las comunidades afectadas, y más de $17 mil millones a intermediarios supuestamente designados por las comunidades. Sin embargo, estos valores esconden dinámicas que cuestiono por la efectividad y justicia de los procesos.

En teoría, la tutela tiene un propósito noble: resarcir a las comunidades de “Media Luna” por los perjuicios causados ​​en la ejecución del proyecto “Expansión de Puerto Bolívar”. Pero en la práctica, lo que ha ocurrido es un despilfarro de recursos donde los más beneficiados no son los afectados, sino los intermediarios y, con toda probabilidad, algunos empleados de El Cerrejón facilitando contratos, agilizando trámites o direccionando pagos. ¡Hay que investigar!

El Cerrejón me informa que se han llevado a cabo consultas y protocolizado acuerdos de compensaciones económicas, entrega de bienes y programas de mitigación con resguardos indígenas, comunidades y consejos comunitarios afros, que, en el papel, parecen un proceso serio y riguroso. Pero al analizar con detenimiento los desembolsos y su destino final, surge una pregunta inevitable: ¿Realmente ha mejorado las condiciones de vida de las comunidades que han sido afectadas? La respuesta es un rotundo no.

La población sigue sumida en la miseria, sin acceso general al agua potable, niños que mueren desnutridos e infraestructura precaria. Pero eso sí, abogados, consultores, asesores, funcionarios, operadores logísticos, autoridades tradicionales y, probablemente, empleados de El Cerrejón han encontrado en estos procesos una oportunidad para lucrarse, convirtiendo las tutelas en un modus operandi de negocio.

Basta saber cómo funcionan estas compensaciones. Para cada acuerdo se crean comités, firman actas y protocolizan entregas de bienes y recursos que se diluyen en un entramado burocrático y contractual. Si bien las comunidades reciben algunos beneficios, la gran tajada se la llevan los intermediarios. El control sobre estos flujos de dinero es mínimo, y la transparencia prácticamente inexistente.

Como parte de los acuerdos socioeconómicos, las compensaciones llegan a las comunidades a través de bienes o servicios que muchas veces no son útiles o adecuados para sus condiciones de vida. Como la comunidad de Piuula, a la que le entregaron una lancha con kit de pesca artesanal, sin asegurar el mantenimiento ni garantizar el acceso al combustible, y sin infraestructura para comercializar los productos; o instalan paneles solares que ya no usan por falta de repuestos. Los contratos son jugosos negocios para terceros que se enriquecen con el sufrimiento ajeno.

Este modelo de reparación ha demostrado ser ineficaz porque no tiene control efectivo. Y la Corte Constitucional debe revisarlo porque no resuelve los problemas de fondo, sino que mantiene la dependencia de las comunidades como espectadores de su propia desgracia, en lugar de empoderarlas.

El Cerrejón cumple con la sentencia en términos formales, pero el espíritu de la reparación está lejos de concretarse. La Corte Constitucional ordenó “compensar” a las comunidades afectadas por la operación minera, no ordenó llenar los bolsillos de los intermediarios.

En La Guajira las tutelas de justicia social no terminan beneficiando a quienes las necesitan, sino convertidas en negocios turbios de asesores sin escrúpulos que promueven vías de hecho, como el cierre de carreteras y de la línea férrea, sin importar los perjuicios que puedan causar, y también está pasando con la sentencia T-302 de 2017. ¡Miserables!

Si se trata de hacer valer los derechos de las comunidades, hay que poner la lupa en la forma como se cumplen las tutelas y exigir una rendición de cuentas transparente y efectiva, publicando informes detallados sobre la distribución de los fondos para evitar que los wayuu sigan en la miseria, y los intermediarios vivan como jeques árabes. ¡El Cerrejón tiene la palabra! ¿Cuál es el miedo? Y como dijo el filósofo de La Junta: «Se las dejo ahí…” @LColmenaresR