Se volvieron paisaje y de actividad permanente las marchas, paros, protestas, bloqueos, o tomas de vías y edificios públicos en La Guajira, y decir que no hay razones para llevarlos a cabo es echarnos mentiras los mismos guajiros.

No hay que revisar muchos indicadores oficiales para concluir que La Guajira es una de las regiones más pobres y desatendidas de Colombia por abandono del Estado, en términos de inversión y atención de las necesidades básicas de la población relacionadas con servicios de salud, agua potable, electricidad y educación, por mencionar solo cuatro, que han sido el caldo de cultivo para generar un fuerte descontento social manifestado en protestas y movilizaciones diarias a lo largo y ancho del departamento.

Pero también hay que referirse a la falta de oportunidades económicas que ha llevado a altas tasas de desempleo y subempleo, especialmente entre los jóvenes. Riohacha, por ejemplo, es la ciudad con más alta tasa de informalidad laboral, y pareciera que el actual alcalde haya sido elegido solo para devengar, porque no ha solucionado un solo problema durante su gobierno.

El departamento de La Guajira también está siendo afectado por problemas ambientales graves, intensificados en los últimos años debido al cambio climático y la explotación minera, reduciendo la disponibilidad de agua y la producción de alimentos en la región, a pesar de que hayan construido la represa del rio ranchería que solo está sirviendo para que el sol y la luna se vean la cara todos los días.

Las comunidades indígenas han sufrido la expropiación de sus tierras y la violación de sus derechos porque el desarrollo no las ha tenido en cuenta para compensarlas social y económicamente, en razón a la construcción de grandes proyectos como la extracción y exportación de carbón, parques eólicos y extracción de gas.

La falta de consulta previa en la toma de decisiones ha sido denunciada por las comunidades en numerosas ocasiones por la falta de participación en los procesos, generando conflictos territoriales y socioambientales.

Pero también la corrupción y el mal gobierno en La Guajira han sido el pan de cada día afectando todos los niveles de la administración pública, desde las autoridades locales hasta el gobierno nacional, contribuyendo a profundizar la desigualdad, la pobreza y gestión de los recursos públicos, generando profundo desencanto entre la población, unido a la inoperancia de los órganos de control y judiciales porque son menos que un cero a la izquierda, cuando deberían ser la garantía para el correcto manejo y administración de los recursos y bienes públicos.

Sin embargo, no tiene lógica que en las marchas, paros, protestas, bloqueos o tomas asuman vocerías y sean lideradas precisamente por quienes han propiciado que en La Guajira existan toda clase de problemas sociales. Eso es distinto.

Los políticos de siempre, los gobernantes que nunca terminan período porque son elegidos con procesos fiscales, penales o disciplinarios en curso, o algunas autoridades tradicionales que se han aprovechado de su condición para robarse la plata de los resguardos y vivir como jeques árabes en mansiones inmensas y carros de alta gama junto con su entorno familiar, hasta incursos en delitos sexuales, dejando a sus comunidades pasar hambre y sed, los niños muriendo desnutridos, una verdadera tragedia humana.

La falta de transparencia y distribución inadecuada de las transferencias para los resguardos indígenas han sido denunciadas de manera permanente por las comunidades, porque los recursos no les llegan de manera efectiva, y son mal utilizadas en contubernio con las autoridades locales.

No necesitarán del juicio universal, y ni siquiera pasarán por el purgatorio, porque las acciones contra sus comunidades ya los tienen condenados.

PUNTOAPARTE. Hago mi acto de contrición y ofrezco disculpas por la generalización. Con justa razón algunas autoridades tradicionales me expresaron inconformidad, porque he generalizado el comportamiento respecto al uso de recursos de los resguardos indígenas.

En todo caso, teniendo en cuenta los hechos y la realidad que viven las comunidades indígenas wayúu, se encuentra que las buenas prácticas son una excepción en la administración de dichos recursos; y sin justificarme hay que asumir la responsabilidad del que le caiga el guante…, cada uno sabe.

Y como dijo el filósofo de La Junta: Se las dejo ahí… @LColmenaresR