Marzo es un mes crucial para quienes ejercemos la profesión contable en Colombia. Desde el 1°, cuando celebramos el Día del Contador Público, hasta el 31, fecha en la que vence el plazo para la realización de las asambleas generales de las personas jurídicas, nuestro papel adquiere una relevancia incuestionable en la vida de las organizaciones. Durante este periodo, los máximos órganos sociales se reúnen para que los administradores rindan cuentas y sometan a aprobación los estados financieros. En las entidades que cuentan con Revisoría Fiscal, se presenta el dictamen correspondiente, lo que permite a los asociados ejercer su derecho de inspección y participar en las decisiones clave para el futuro de la organización. Estas reuniones no son solo un formalismo, sino el reflejo de la importancia de la transparencia y el control dentro del sector empresarial. Como contador público, entiendo que en estas sesiones se toman decisiones trascendentales, como la distribución de utilidades, la elección de nuevos administradores y revisores fiscales, e incluso cambios estructurales que pueden afectar el rumbo de la entidad. Algunas reuniones transcurren con normalidad, mientras que otras pueden convertirse en escenarios de debate intenso, lo que pone a prueba la capacidad de liderazgo y el carácter de quienes las presiden. Desde mi experiencia, puedo decir que las reuniones de las asambleas societarias requieren de suficiente equilibrio para garantizarle a todos los participantes el cumplimiento del reglamento y el derecho de expresión, a todos sin excepción. No basta con seguir una agenda u orden del día previamente aprobado; es imprescindible fomentar un diálogo constructivo en torno a los puntos clave, como el informe de gestión y los estados financieros. Sin embargo, es fundamental evitar que estas reuniones se conviertan en escenarios de ataques personales o discursos sin fundamento. La discusión debe basarse en hechos concretos y alinearse con el propósito de la organización. El liderazgo en estos espacios no radica en la imposición de autoridad, sino en la capacidad de conducir el debate con criterio, empatía y firmeza. Un buen presidente de asamblea no solo gestiona la agenda, sino que también promueve el respeto y la participación equitativa de todos los asistentes. La sostenibilidad y el crecimiento de una organización no dependen solo de su situación financiera, sino también de la confianza y el compromiso de sus miembros, elementos esenciales para su éxito a largo plazo. Marzo, por tanto, va más allá de las obligaciones legales; representa una oportunidad para reafirmar el valor de nuestra labor como contadores y revisores fiscales. Es el momento de garantizar transparencia, promover buenas prácticas y fortalecer la gestión empresarial. Sin embargo, en los tiempos que estamos viviendo, también es una ocasión propicia para reflexionar sobre la necesidad urgente de modernizar la regulación de nuestra profesión y su entorno normativo. La Ley 43 de 1990, que regula el ejercicio profesional de la contaduría pública en Colombia, fue expedida antes de la promulgación de la Constitución Política de 1991. No había internet, telefonía móvil, inteligencia artificial ni estándares internacionales. Por eso es hora de adaptarnos a los tiempos que estamos viviendo. ¿Nos estamos quedando atrás?. A pesar de algunas modificaciones, la contabilidad como objeto del conocimiento y la contaduría pública como práctica social, siguen sin responder a los estándares internacionales que hoy rigen la información financiera y el aseguramiento de la información. La puesta en vigencia de Normas Internacionales de Información Financiera, Normas Internacionales de Auditoría, Estándares de Sostenibilidad y de Gobierno Corporativo, entre otros, han transformado la forma en que se presentan y validan los informes financieros, exigiendo una regulación acorde con estas nuevas realidades. No menos importante es la actualización de los órganos rectores de nuestra profesión, como la Junta Central de Contadores, el Consejo Técnico de la Contaduría Pública y la Contaduría General de la Nación. Estas entidades deben evolucionar para responder con eficiencia a los desafíos del entorno tecnológico y económico actual. En un mundo impulsado por la digitalización y el acceso inmediato a la información, es imprescindible que estos organismos adopten un enfoque más dinámico y alineado con las necesidades del mercado. También resulta inaplazable la revisión y actualización de los planes de estudio en las facultades y programas de contaduría pública. La formación de nuevos profesionales también debe estar alineada con los cambios que han redefinido la contabilidad y la auditoría en el contexto global. La automatización, el análisis de datos y la inteligencia artificial están transformando la manera en que se gestionan y validan las finanzas empresariales, lo que exige programas académicos que preparen a los futuros contadores públicos para enfrentar estos desafíos con solvencia y capacidad de innovación. La modernización de la contaduría pública en Colombia no es una opción, sino un imperativo impostergable pensando en las nuevas generaciones. Si queremos fortalecer la confianza en la información financiera y mantener la relevancia de nuestra profesión en el desarrollo económico del país, debemos avanzar en la adaptación de nuestra normatividad a los tiempos actuales. Es un reto que no podemos postergar, y marzo, como el mes emblemático de nuestra profesión, es el momento ideal para reafirmar este compromiso con el futuro de la contaduría pública en Colombia. Y como dijo el filósofo de La Junta: «Se las dejo ahí…” @LColmenaresR