Todos los días se habla de corrupción. Todos los días se conocen nuevos protagonistas de algún caso relacionado con hechos de corrupción. La corrupción se volvió como el aire: anda por todas partes, y lo peor es que ya nada sorprende a nadie: desde el ya lejano caso de Foncolpuertos y Commsa; los no muy lejanos Nule y Odebrech; y los actuales PAE, Centros Poblados, Carreteras, Puentes, Colegios, Cárceles, etcétera, etcétera y muchísimos etcéteras. Al parecer toda la contratación pública se inicia y termina en corrupción.
Desde hace algún tiempo se está diciendo en todos los ámbitos, escenarios académicos, foros mundiales, conferencias internacionales, que la corrupción se ha convertido en un fenómeno complejo de detectar y de medir.
Que la corrupción es uno de los factores que más afecta negativamente la competitividad de los países porque desestimula la inversión, aumenta la desconfianza y también impide que se haga una asignación eficiente de los recursos para el desarrollo.
Porque un verdadero camino hacia el desarrollo depende de que la vigilancia del manejo y administración de los recursos públicos se haga con las personas más capacitadas, o al menos más decentes, y con los medios más eficientes.
Y en tal sentido, las acciones de los órganos de control fiscal y disciplinario deben estar encaminadas a lograr la mejora de la gestión pública en dirección al cumplimiento de los fines y finalidades del Estado: la Contraloría General de la República (CGR) y Contralorías territoriales, Auditoría General de la República (AGR), Procuraduría General de la Nación (PGN) y Personerías. Pero no se ven resultados que demuestren la efectividad de los órganos de control.
En no pocos casos la lentitud y hasta la omisión de sus acciones denotan complacencia con los actores vinculados en hechos de corrupción.
Por ejemplo, es inadmisible que, en el escándalo del contrato de la Unión Temporal Centros Poblados, relacionado con la instalación de internet en las escuelas y colegios públicos de Colombia, hubieran sido los periodistas quienes advirtieran sobre los manejos que se estaban dando, y tanto la CGR como la PGN solo se pronuncian de manera gaseosa. ¡No puede ser!
¿Dónde está el anunciado y bien financiado control preventivo y concomitante?
No resuelven nada, no definen nada, ¡no hacen nada! porque solo existen para gastarse el presupuesto. Pareciera que ejercen es como agencias de empleos a partir del enorme cabildeo (lobbying) que hacen influyentes personajes para aumentar las plantas de personal.
Para la vigencia fiscal 2021 le fue asignado a la PGN un presupuesto de $894 mil millones y a la CGR le fue asignado un presupuesto de $1 billón.
¡Toda la plata del mundo para tan poco resultado que parece nada!
Debería darles vergüenza tanto a la procuradora como al contralor. ¿En qué nivel de lo correcto está “gastarse” todo ese presupuesto para que no se demuestren resultados efectivos, y en cambio se dejan de financiar otras necesidades de inversión que sí son más meritorias?
En mi condición de ciudadano no he confiado en ninguno de esos dos funcionarios.
Una por sus orígenes políticos y su relación con el gobierno que no dan ninguna garantía. Y en el otro tampoco porque no puedo confiar en alguien que se hizo elegir Auditor General sin cumplir requisitos, además de que ahora con la reforma a la rama judicial, se dijo con mucha insistencia, que ejerció presión para modificar los requisitos hacia abajo para ocupar cargos de magistrado de las altas cortes, fiscal y procurador.
Una persona que utiliza el enorme poder y gran presupuesto para impulsar sus intereses particulares, que demuestra solo el crecimiento de la planta de personal de manera discrecional, presuntamente para el pago de favores con puestos, no es garantía para un decente control fiscal.
Unas personas con esos antecedentes no pueden generar confianza para ejercer control. No basta con ser correcto, hay que parecerlo. Como decían los romanos, no todo lo que es lícito es honesto (Non omne quod licet honestum est). Hay que distinguir entre lo que se puede hacer y lo que se debe hacer.
Y toda esta situación se agrega al cúmulo de argumentos que hay para hacer algo que nos permita llevar a cabo una renovación de las instituciones que deben dar las mayores garantías a los ciudadanos, como es el caso del Congreso, rama judicial y órganos de control.
En el Congreso hay que eliminar los privilegios y la Comisión de Acusaciones de la Cámara que es inoperante; además de mejorar la representación de las minorías para que puedan defender sus derechos de manera directa.
En la rama judicial también hay que eliminar los privilegios y elevar las calidades para ser magistrado de las cortes, de tal manera que sea la culminación de la carrera judicial.
Soy un convencido de que entre la CGR y la PGN está sobrando uno, y que la acción disciplinaria cuando incluya detrimento patrimonial sea denunciada para que la adelanten los jueces administrativos.
Toda la función de los resultados de la economía, estadística y de finanzas públicas la puede cumplir el Banco de la República con total independencia, sin tener que utilizar su trabajo como mecanismo de presión a los gobiernos.
La naturaleza de la AGR fue concebida en la Asamblea Constituyente para que ejerciera control fiscal de manera exclusiva a la CGR; pero un burócrata auditor les amplió el ámbito a las contralorías territoriales, que luego se consolidó con el Acto Legislativo 4 de 2019 promovido por el actual contralor, y hoy la AGR es una entidad que se confunde con la CGR pero que no suena ni truena.
Hay que reducir la función de la AGR para que la cumpla exclusivamente a la CGR y que esta, a su vez, audite a las contralorías territoriales.
La CGR se gastó $30 millones de dólares de un crédito para llevar a cabo un programa de fortalecimiento institucional que autorizó el gobierno nacional a través del documento CONPES 3841 de 2015, sin muchos resultados, se ejecutó en la administración Maya Villazón y se cerró en la administración Córdoba Larrarte.
No se ve el resultado de esos 30 millones de dólares porque sigue en el mismo oficio de identificar hallazgos, y de ahí no pasa: El control fiscal basado en la “hallazguería”, no en el control propiamente dicho.
Ahora el actual contralor Córdoba Larrarte consiguió que a través del documento CONPES 4045 de 2021 le autoricen operación de crédito por otros 30 millones de dólares, para que lleve a cabo la transformación digital de la CGR que tendrán el mismo destino: nada de nada.
La corrupción seguirá siendo la dueña del Estado mientras no se cambie el modelo caduco de control y se cumpla la misión de vigilar la gestión fiscal y el control de resultados de los que tengan a cargo fondos o bienes públicos.
En los últimos años la CGR ha multiplicado su burocracia, pero no ha correspondido en la misma proporción con los resultados.
No ha desarrollado su rol de luchar contra la corrupción con acciones efectivas para mejorar la gobernanza pública, para contribuir a la credibilidad y confianza de los ciudadanos en las instituciones públicas.
Insisto, soy un convencido de que entre la CGR y la PGN alguna de las dos está sobrando.
@LcolmenaresR
Muy puntual, cómo consisa su descripción sobre la situación de tan distinguidas instituciones, que hoy están lejos de ser dignas, porque apartir de ahí se genera uno de las mayores generadores de violencia que hay en nuestro país, como lo es la corrupción.! Habría que crear un modo distinto de elegir a quienes controlan y procuran evitar la corrupción.