De no haber sido por mis convicciones católicas, no tengo dudas de que mi deseo sería contrario al título de esta columna. Terminó la gestión de Barbosa como Fiscal General de la Nación, sin pena y sin gloria, o más bien con vergüenza, porque todo ha sido un desastre absoluto.

Desde el momento de su elección, marcada por su cercanía con el expresidente Iván Duque y su falta absoluta de experiencia en temas penales, hasta su salida, envuelta en tensiones políticas y judiciales, deja mucho que desear en términos de imparcialidad, competencia y ética. Es como el decir para los abogados de pueblo: no sacan un preso ni a mear. Discúlpenme, amables lectores, pero es la verdad en términos coloquiales. Es que tampoco tenía experiencia en la dirección de entidades públicas, y esto se reflejó en su gestión, que estuvo marcada por decisiones cuestionables y falta de liderazgo.

Pero uno de los aspectos más preocupantes de la gestión de Barbosa fue su flagrante politización de la Fiscalía, porque desde el inicio se alineó estrechamente con los intereses políticos de Duque, lo que generó serias dudas sobre su capacidad para actuar de manera independiente.

Y para la muestra es suficiente con dos botones: el archivo de la investigación de la supuesta compra de votos a favor de la campaña de Duque; y el manejo del caso del expresidente Álvaro Uribe Vélez, insistiendo todas las veces en archivar el caso a pesar de las pruebas presentadas por la Corte Suprema de Justicia, lo que sugiere un intento de proteger a ciertos individuos basado en sus conexiones políticas en lugar de seguir la ley, lo cual demuestra una clara parcialidad y falta de compromiso con la justicia.

Es que el mayor mérito de un candidato a Fiscal General de la Nación no puede ser su amistad, o el hecho de haber sido compañero de universidad, con el presidente de la República. Por el contrario, ese debe haber sido su mayor impedimento.

Lo que se ha conocido acerca del uso inapropiado de los recursos asignados a la Fiscalía es indignante: utilizar el avión oficial para viajar de paseo con su familia, desviar fondos de gastos reservados para beneficio propio, utilizar los escoltas para pasear sus mascotas, utilizar el personal de servicios generales de la entidad para atender labores de servicio doméstico en su casa, hasta instalar placas de auto homenaje en los edificios de la entidad; en un abuso de poder por alguien que debería proteger el Estado de derecho y debilita la confianza en las instituciones por el actuar de funcionarios que deben ser los garantes de la ley y el orden.

Mientras la justicia clama por recursos para combatir la impunidad y la corrupción, Barbosa parece haber estado más interesado en aprovecharse para su bienestar personal y el de su familia. ¿Cómo es posible que, en un país con tantas necesidades, el Fiscal General se permitiera el lujo de usar un bien del Estado para su beneficio? ¡Inmoral!

Tampoco podemos pasar por alto varios estudios publicados que demuestran la manipulación de cifras para ocultar su incompetencia; estadísticas engañosas sobre el esclarecimiento de delitos para disfrazar su fracaso con indicadores falsos de éxito. La falta de transparencia e intento de manipular la percepción pública de su gestión demuestran falta de integridad.

La Corporación Excelencia en la Justicia ha concluido que la Fiscalía de Barbosa archivó el 81 por ciento de los procesos que abrió, y su administración tuvo el menor número de condenas de la última década. No pasó nada con casos tan escandalosos como Odebrecht, la ñeñepolítica, los dirigentes del fútbol, entre otros.

Pero también hay que decirlo. La Corte Suprema de Justicia tiene que asumir la responsabilidad que le corresponde ante ese fracaso, por elegir a alguien sin los méritos para ocupar un cargo tan importante, lo que ha llevado a un daño irreparable a la institución y a la confianza en el sistema de justicia colombiano. Es hora de que se tomen medidas para restaurar la integridad y la independencia de la Fiscalía.

Y como dijo el filósofo de La Junta: «Se las dejo ahí…» @LColmenaresR