La justicia que Colombia se merece no es la de los privilegios de los magistrados. La justicia en nuestro país no puede ser la de los expedientes que duermen en los estantes de los despachos judiciales y en carpetas de escritorios de computadores, tampoco es la justicia de las vedettes judiciales de los medios de comunicación afirmando sin empacho que pueden resolver los casos en “20 días”.

Casos que por ausencia de justicia terminan en grandes ejemplos de impunidad gracias a los vencimientos de términos, o casos en los cuales las víctimas se ven obligadas a ir a instancias internacionales en busca de la justicia que Colombia no proporciona.

Otra circunstancia que hizo carrera en la Rama Judicial fue declarar ciertos crímenes como de Lesa Humanidad para que -se supone- no prescriban, y por lo tanto no queden en la impunidad, pero esto ha logrado exactamente todo lo contrario.

Algunos procesos emblemáticos como el crimen del periodista Jaime Garzón, el candidato presidencial Álvaro Gómez Hurtado, aun sin resolver, les han pasado décadas en la impunidad.

La Fiscalía usa la figura del crimen de Lesa Humanidad para que estos casos no prescriban, con el argumento generalizado de que “en aras de la prevalencia de la Justicia y de la mano de los Tratados Internacionales y la Constitución Política, se tiene clara la necesidad de establecer la verdad a pesar del tiempo que haya transcurrido”, con lo cual consigue que los mismos duerman en la impunidad total.

Ambos casos, de Garzón y Gómez Hurtado aún están sin resolver, y ya pasaron más de 20 días.

Sin embargo, también hay otros casos de reconocida impunidad, uno de ellos es el de la periodista Jineth Bedoya, secuestrada, torturada y violada por paramilitares en el año 2000 pero que tuvo que acudir a la justicia internacional para poder tener justicia, y solo hasta el año 2021 la Corte IDH le otorga la justicia que no le concedió la justicia de Colombia. Este emblemático caso, no fue resuelto en 20 días, ¡sino en 20 años!

Tampoco ha sido resuelto el también aberrante caso de Leydi Vanegas, víctima de violencia intrafamiliar agravada en el año 2015 con videos probatorios, aunque desde el 2013 ya tenía medida de protección; al momento de la agresión el victimario fue linchado por la comunidad, y oportunamente protegió a Leydi.

Posterior a la agresión, ella lo denuncia, y a los seis meses el victimario sale de la cárcel por vencimiento de términos, no sin antes denunciar a su víctima aludiendo que ella también lo había agredido, en ese momento la Fiscalía en primera instancia de forma entusiasta se fue lanza en ristre contra Leydi Vanegas y pide su condena, siendo ella la única víctima. El victimario de Leydi fue condenado por la denuncia de la víctima en el año 2021 y hoy está libre con orden de captura; mientras tanto Leydi Vanegas está a punto de ser condenada ¿Dónde está la justicia? Señor Barbosa, ya pasaron muchos más de 20 días desde el año 2015.

Otro caso todavía más triste, y que el país recuerda en las imágenes que guardan los noticieros, ocurrió el 21 de junio 2019 cuando la líder social María del Pilar Hurtado fue asesinada frente a su hijo en Tierralta (Córdoba) y su crimen sigue impune.

En el momento del aberrante crimen, el señor Barbosa ostentaba el cargo de consejero de Derechos Humanos de este gobierno y asiste en tal calidad, al consejo de seguridad realizado con ocasión del crimen, es decir, tenía todo el conocimiento de lo ocurrido.

En 2020 Barbosa es nombrado Fiscal General de la Nación y, contrario a lo que se esperaba con respecto a este caso, lejos de resolverlo, pues ya conocía el contexto de los hechos, el caso aún no se ha resuelto y ya pasaron más de 20 días señor Barbosa.

Este caso fue la crónica de una muerte anunciada, pues la víctima y sus conocidos habían denunciado las amenazas constantes a que fue sometida por razón de la labor que realizaba.

Pero, hay otro conocido caso denunciado en el año 2011 por el robo al reconocido gimnasio Bodytech, donde un auxiliar contable logra extraer 359 millones de pesos bajo la figura de pagos inexistentes. En el año 2019 se realizó la audiencia de conciliación sin llegar a ningún acuerdo, por lo cual, y en vista de que el caso estaba a punto de prescribir, en el año 2020 la empresa le solicita a la Fiscalía que tome alguna decisión sin siquiera agotar la etapa de indagación.

En este caso, para evitar la impunidad la empresa acude a una Tutela que llegó hasta la Corte Constitucional y es allí donde salen a la luz toda una serie de despropósitos por parte de la Fiscalía en este caso, como que la segunda fiscal que conoció el caso advirtió que solo después de siete años de radicada la denuncia recibió el asunto. Pero, que, sin embargo, justifica el hecho bajo el criterio de que “no hubo negligencia, sino que se ha actuado a pesar de la alta carga laboral”.

Este caso ha sido tan bochornoso por su desorden procesal, al punto que en 2021 la Corte llamó la atención al ente acusador para que este tipo de hechos no se repita. Desde la denuncia del robo hasta el día de hoy han pasado 10 años, es decir, más de 20 días y aun la Fiscalía no toma una decisión, y quedó pendiente una audiencia de verificación de allanamiento de cargos para el 9 de junio de 2021 que todavía está a la espera de llevarse a cabo.

Esta es la impunidad viva, la que todos los días sufrimos los colombianos, y aquí he mencionado casos conocidos, pero, hay casos de personas no conocidas; ¿razón por la cual me pregunto qué pasa con aquellos?

¡Colombia Merece Justicia!

Y como dijo el filósofo de La Junta: Se las dejo ahí… @LColmenaresR