Defiendo la protesta pacífica sin reservas, porque es la forma en que una democracia escucha a quienes no tienen otro medio. Por esa misma razón me incomoda que sea confundida con otra cosa: la de quienes aprovechan una marcha para destruir, agredir o bloquear sin límite alguno, muchas veces escondidos tras una capucha.

Junto con su memoria justificativa, estudié el proyecto de decreto que publicó el Gobierno para comentarios que modificará el Decreto 003 de 2021. Tiene cosas buenas. Establece que la violencia que aparece desde el inicio de una marcha no debe esperar a que se agote el diálogo con todos los manifestantes. Prohíbe la fuerza potencialmente letal para defender bienes. Obliga a las autoridades a dejar constancia escrita de cada decisión, a publicar en 72 horas un balance de heridos y bienes afectados. Y regula los bloqueos de vías con el estándar de la Corte Constitucional: no se disuelve una manifestación por simples molestias, sino cuando la perturbación es grave, inminente y no existe un medio menos lesivo.

Pero tiene un vacío de fondo: casi todo recae sobre las autoridades. No hay un solo estímulo para quienes convocan marchas pacíficas, ni una herramienta seria para aislar a quienes las manchan, ni una regla para reunir pruebas contra quien destruye. Los propios considerandos prometen «medidas de registro audiovisual» que ningún artículo desarrolla.

Un decreto no puede imponer cargas a quienes protestan porque el artículo 37 de la Constitución reserva a la ley los límites de ese derecho. Por eso mis propuestas no castigan ni prohíben, sino que incentivan y prueban.

Primera: un compromiso voluntario de protesta pacífica. Quien convoca puede firmarlo, rechazar públicamente la violencia, designar un enlace con las autoridades y nombrar guardianes identificables de la marcha. A cambio recibe acompañamiento preferente y un canal directo con las autoridades. Quien no lo firme conserva todos sus derechos. Cuantas más garantías reciba quien protesta en paz, será más fácil distinguirlo.

Segunda: aviso reforzado y salida segura. Antes de usar la fuerza, salvo riesgo inminente, la autoridad debe advertir con claridad, dejar abierta una ruta de salida y dar tiempo razonable para retirarse. Así la fuerza cae sobre el violento y no sobre el niño, el anciano o la persona con discapacidad.

Tercera: prueba individualizada. Un equipo bajo la dirección de la Fiscalía debe grabar el acto y la conducta de cada responsable y seguirlo hasta su captura o identificación, con cámaras corporales también para los policías. Nada de reconocimiento facial masivo sobre quienes marchan en paz ni de perfilamiento de ciudadanos.

Cuarta: medición. Un tablero público con cifras trimestrales de jornadas sin violencia, lesionados, tiempos de restablecimiento de vías y judicializaciones, y una evaluación independiente a los doce meses.

Me incomoda el rostro cubierto, pero un decreto no puede prohibirlo; el propio proyecto lo excluye como motivo de intervención y la CIDH ha dicho que la privacidad y el anonimato hacen parte del derecho de reunión. Prohibirlo de un plumazo sería inútil y probablemente sería anulado. Lo que se puede hacer es mirar la conducta: quien agrede o destruye debe recibir el mismo tratamiento, esté o no encapuchado, y debe ser seguido hasta ser identificado. Y el Congreso debería estudiar una norma estrecha que no castigue cubrirse el rostro, sino que agrave el delito violento cometido ocultándose para no responder, con excepciones por salud, religión, cultura o seguridad personal.

Mi sugerencia al Gobierno es concreta.

Primero, la definición de «pacífica» remite a un artículo 30G que no existe.

Segundo, ampliar la consulta pública a quince días y publicar el informe con la respuesta a cada comentario, porque un decreto sobre un derecho de todos no debe expedirse a las carreras.

Tercero, incorporar al texto final el compromiso voluntario, la salida segura y la prueba individualizada, que son de bajo costo y reutilizan las instancias que el propio proyecto ya crea.

Cuarto, incluir una cláusula de no regresividad y un plazo de revisión a los doce meses, para ajustar con datos y no con prejuicios.

El país necesita que quien protesta en paz se sienta protegido y quien delinque en medio de una marcha sepa que será identificado. No son objetivos opuestos. Son lo mismo: una democracia donde se pueda disentir sin miedo y sin destrucción.

Y como dijo el filósofo de La Junta: «Se las dejo ahí…» @LColmenaresR