Leí con detenimiento el plan de gobierno que Abelardo De La Espriella llama «Patria Milagro». Y precisamente el problema es la palabra «milagro» porque el candidato no presenta un plan de gobierno sino una lista de deseos que cualquier ciudadano de buena fe podría redactar, sin necesidad de formación técnica, sin experiencia institucional y, sobre todo, sin la obligación de responder por las consecuencias. “El Milagro de los Nunca” confunde gobernar con desear.

Tiene una aritmética imposible del «Estado recortado». Reducir el 40% del Estado y eliminar más de 700.000 cargos públicos suena categórico, sin tener un mercado laboral privado capaz de absorberlas, y con una tasa de informalidad que ya supera el 60% de la fuerza trabajadora. La promesa de que «la empresa privada creará esos empleos» es el típico acto de fe que no va acompañado de ningún mecanismo, incentivo ni cronograma concreto.

¿De dónde saldrán los recursos para construir diez megacárceles? Según el propio Ministerio de Justicia, cada cupo carcelario cuesta alrededor de $160 millones; 40.000 cupos nuevos representarían $6,4 billones. ¿Cuánto costarían entonces los cupos de diez megacárceles? El candidato dice que «los empresarios pondrán la plata porque el Estado no la tendrá». Es decir, reconoce que el Estado no puede financiarlo y delega la infraestructura penitenciaria a inversionistas privados bajo concesiones de 80 años. No es eficiencia sino la renuncia constitucional del Estado de derecho.

Promete erradicar 330.000 hectáreas de coca. Los datos hablan solos: entre 1994 y 2023, Colombia erradicó forzosamente 3 millones de hectáreas, sin que representara una solución al problema. Erradicar 330.000 hectáreas con fumigación y bombardeos, ignorando el desplazamiento forzado de comunidades campesinas, el daño ambiental y los señalamientos de violaciones a derechos humanos que ya generó esta política no es un plan de seguridad: es una consigna de campaña con uniforme técnico.

El candidato propone liderar el «Escudo de las Américas», la alianza antidroga de Trump que dejó a Colombia por fuera, junto a México y Brasil. Subirse a un tren que ya partió no es liderazgo internacional: es imaginería geopolítica.

De La Espriella califica la JEP de «bodrio» y promete eliminarla omitiendo que fue incorporada mediante el Acto Legislativo 02 de 2017, y su eliminación requiere otra reforma constitucional compleja. Pero además, su desmonte activaría la competencia de la Corte Penal Internacional afectando a miembros de la Fuerza Pública que se sometieron voluntariamente. Prometer eliminar la JEP es una promesa de campaña que el derecho colombiano y el derecho internacional hacen imposible cumplir sin consecuencias para el país.

En salud habla de un “plan choque” de $10 billones y auditorías internacionales; pero no explica cómo pagar o reestructurar ADRES, o qué se hará con los déficits que hoy impiden atención digna. 

Proponer la educación «basada en la filosofía estoica», eliminando la llamada «educación ideologizada» es una paradoja. El estoicismo es una doctrina filosófica tan «ideologizada» como cualquier otra que predica la aceptación de lo que no puede controlarse y la resignación ante el destino. Lo que requiere la educación colombiana es inversión, cierre de brechas territoriales y maestros bien pagados, no un cambio de supuesta filosofía en el pensum.

El crecimiento del 6% es un número para el deseo, no para el análisis. La única vez que Colombia superó el 6% sostenido fue durante la primera década del siglo XXI, y en la recuperación postpandemia del 2021, que fue un rebote estadístico excepcional, no una política replicable. Alcanzar el 6% requiere reformas institucionales, inversión masiva en productividad, reducción efectiva de la informalidad y estabilidad macroeconómica duradera. Nada de eso se logra eliminando el 40% del Estado, expulsando a 700.000 empleados al mercado informal y generando incertidumbre jurídica con la eliminación de la JEP.

El Tigre ruge pero no calcula. No hay proyecciones fiscales, análisis de impacto, cronogramas de implementación: ¿cuánto cuesta?, ¿quién lo paga?, ¿en qué plazo?, ¿qué evidencia existe de que funcionará? Mientras esas preguntas no tengan respuesta, «Patria Milagro» seguirá siendo lo que su propio nombre sugiere: una política de fe. Y la fe no se discute, se profesa. Y en política, profesar sin demostrar no es liderazgo sino populismo con buenas intenciones.Y como dijo el filósofo de La Junta: «Se las dejo ahí…” @LColmenaresR