Cuando fue publicada mi columna sobre la etnoeducación en Uribia, la reacción de la comunidad fue inmediata: maestros, familias y ciudadanos me escribieron para decirme que, por fin, alguien estaba diciendo en voz alta lo que todo el mundo comenta en voz baja. No hablé de rumores, hablé de una realidad que padecen a diario los docentes contratados en las rancherías wayuu, y que la administración municipal conoce perfectamente.

Ante esa ola de indignación, la respuesta de la Alcaldía de Uribia fue un “Comunicado Oficial” que no resuelve nada y que solo busca una cosa: evadir la responsabilidad política, administrativa y ética que tiene el municipio frente a la tragedia que viven los maestros contratados. En ese texto, la Secretaría de Educación se presenta como una especie de espectador inocente que solo “estructura la oferta” y se escuda en que los docentes no tienen vínculo laboral con el municipio porque son contratados por operadores indígenas en el marco del Decreto 2500 de 2010. Traducido al castellano: tercerizan el servicio educativo y ahora pretenden lavarse las manos, como si no supieran lo que está pasando con esa contratación.​ ¿Ingenuos?

Lo que más indigna no es lo que dicen, sino lo que callan. El comunicado no menciona una sola vez la extorsión cotidiana a la que someten a muchos docentes contratados: cuotas obligatorias para autoridades tradicionales para no perder el puesto, pagos a líderes y a algunos padres de familia para que permitan que los niños asistan a clase, aportes “voluntarios” para el transporte escolar y hasta para levantar las enramadas donde se dictan las clases. De todo eso tiene conocimiento la administración municipal; sabe quién cobra, cuánto cobran y a quién le consignan. Que hoy salgan a decir que no han vulnerado derechos porque “no son el empleador” es, sencillamente, cinismo institucional.

El comunicado también intenta justificar la precariedad salarial con el viejo cuento de la “tipología baja” del municipio y de que la tabla salarial del Ministerio de Educación solo aplica a docentes oficiales de planta. Es decir: reconocen que un maestro contratado hace el mismo trabajo que un docente nombrado, en peores condiciones geográficas y materiales, pero sostienen que no pueden pagarle mejor porque la norma no los obliga. Jurídicamente se acomodan; moralmente se hunden. Ningún alcalde serio se esconde detrás de tecnicismos para seguir permitiendo que profesionales con título universitario ganen menos que un bachiller del ICBF mientras cargan sobre sus hombros todo el peso del sistema.

Frente a esta postura vergonzosa, el pronunciamiento del comité “Tenemos Derecho” pone las cosas en su sitio. Los docentes niegan que en la reunión con la Secretaría hubiera algún “acuerdo”; lo que hubo fue una exposición unilateral de limitaciones presupuestales, sin diálogo real, y mucho menos consenso. Con razón invocan el principio de “a trabajo igual, salario igual”, recuerdan que la dignidad humana no se negocia y subrayan la responsabilidad solidaria del municipio como beneficiario directo de los recursos del Sistema General de Participaciones. Tienen toda la razón cuando advierten que la omisión de las autoridades podría encajar en conductas punibles: cuando el Estado sabe que hay abusos y mira para otro lado, no es solo negligencia, es complicidad.

Yo lo he dicho y lo repito: el modelo etnoeducativo en Uribia, tal como lo están aplicando, dejó de ser una reivindicación para el pueblo wayuu y se convirtió en un negocio. Un negocio para ciertos líderes y autoridades tradicionales que cobran por permitir que un maestro trabaje. Un negocio para algunos alijunas que participan de la repartija de la canasta educativa. Un negocio en el que lo único que no importa es la niñez wayuu, que sigue estudiando en enramadas precarias, sin garantías mínimas, mientras sus maestros sobreviven entre el miedo a denunciar y la humillación de tener que pagar por enseñar.

Por eso no acepto que me salgan con un comunicado edulcorado hablando de “diálogo institucional” y “mecanismos de comunicación”. Yo no necesito eufemismos; en mi condición de veedor ciudadano necesito respuestas. ¿Qué va a hacer la Alcaldía para frenar de inmediato la extorsión a los docentes? ¿Cómo va a garantizar que haya nivelación y dignificación salarial para los maestros contratados? ¿Cuándo va a asumir, de frente, su rol de garante del derecho fundamental a la educación, en lugar de seguir escondiéndose detrás de los operadores y los decretos? ¿ O es que hay funcionarios de la administración municipal que forman parte del negocio?

Ante este panorama, no me voy a quedar en el simple debate público. Pondré en conocimiento de los medios de comunicación y organismos de control nacionales esta vergüenza que hoy intentan maquillar: Procuraduría General de la Nación, Contraloría, Fiscalía, Defensoría del Pueblo y la oficina de inspección y vigilancia del Ministerio de Educación. El país tiene que saber que en Uribia hay maestros que pagan por trabajar, mientras la administración local se declara “respetuosa de la legalidad” y firma comunicados que insultan la inteligencia de toda la comunidad educativa.

La salida estructural ya está trazada: la vinculación a planta de los educadores indígenas como dinamizadores pedagógicos, bajo el régimen especial creado por el Decreto 1345 de 2023, para que dejen de ser mano de obra barata tercerizada y recuperen la dignidad laboral que les corresponde. Un maestro nombrado no tiene que rendirle cuentas económicas a ningún cacique local, solo a sus estudiantes y a la sociedad.​

Yo, por mi parte, no voy a normalizar que la miseria salarial y la extorsión se disfracen de “modelo diferencial”. La administración municipal de Uribia no puede seguir lavándose las manos mientras los maestros se las llenan de callos para sostener, literalmente, las enramadas donde se educa la niñez wayuu. Y si a algunos les incomoda que lo diga, peor sería guardar silencio y convertirse en cómplice.

Y como dijo el filósofo de La Junta: «Se las dejo ahí…” @LColmenaresR gógicos, bajo el régimen especial creado por el Decreto 1345 de 2023, para que dejen de ser mano de obra barata tercerizada y recuperen la dignidad laboral que les corresponde. Un maestro nombrado no tiene que rendirle cuentas económicas a ningún cacique local, solo a sus estudiantes y a la sociedad.​

Yo, por mi parte, no voy a normalizar que la miseria salarial y la extorsión se disfracen de “modelo diferencial”. La administración municipal de Uribia no puede seguir lavándose las manos mientras los maestros se las llenan de callos para sostener, literalmente, las enramadas donde se educa la niñez wayuu. Y si a algunos les incomoda que lo diga, peor sería guardar silencio y convertirse en cómplice.

Y como dijo el filósofo de La Junta: «Se las dejo ahí…” @LColmenaresR