Como profesional contable y observador atento de los desarrollos corporativos en Colombia, no puedo permanecer callado ante el silencio de Ernst & Young y Deloitte frente al escándalo que sacude a Ecopetrol por el polémico contrato con Covington & Burling LLP.

El caso es claro y preocupante. Ecopetrol suscribió un contrato con la firma estadounidense Covington & Burling LLP que pasó de USD 875.000 a USD 5.875.000 sin la debida autorización de la Junta Directiva. Este contrato tenía como propósito evaluar el impacto reputacional del presidente de la compañía, Ricardo Roa, pero terminó incluyendo la retención de correos y documentos de al menos 70 altos funcionarios, incluidos miembros de la junta directiva.

La Junta Directiva de Ecopetrol ha sido categórica: «ni el Comité de Auditoría ni la Junta Directiva fueron consultados respecto a la firma del otrosí al contrato original». Más grave aún, la Procuraduría General abrió una indagación contra funcionarios de Ecopetrol por posibles irregularidades en este contrato.

Ernst & Young y Deloitte Colombia, Revisores Fiscales de Ecopetrol, tienen funciones claramente establecidas por el Código de Comercio. Según el artículo 207, deben cerciorarse de que las operaciones se ajusten a las prescripciones de los estatutos y decisiones de la junta directiva, y dar oportuna cuenta, por escrito, de las irregularidades que ocurran en el funcionamiento de la sociedad.

Como revisores fiscales, son garantes de los accionistas, del Estado como propietario mayoritario de Ecopetrol, y de la sociedad en general. Su función es velar por la transparencia y legalidad en las operaciones financieras de la organización y emitir informes sobre la razonabilidad de los estados financieros y detectar posibles irregularidades.

¿Cómo es posible que una contratación de casi 6 millones de dólares, aparentemente realizada sin las debidas autorizaciones corporativas, no haya merecido ni un pronunciamiento de los revisores fiscales? ¿Acaso Ernst & Young y Deloitte desconocen que deben inspeccionar asiduamente las operaciones de la sociedad y procurar que se tomen oportunamente las medidas necesarias?

Este silencio es inaceptable. Mientras la Procuraduría investiga, la Contraloría solicita explicaciones, y los medios revelan documentos comprometedores, Ernst & Young y Deloitte permanecen mudas. Su inacción constituye un grave precedente que desprestigia aún más a nuestra profesión contable.

Este caso demuestra una vez más por qué la revisoría fiscal en Colombia debe ser ejercida exclusivamente por personas naturales. Las grandes firmas internacionales, con sus múltiples clientes y conflictos de intereses, no pueden garantizar la independencia y vigilancia que exige esta función pública.

Con honorarios de más de 4.000 millones de pesos anuales, tiene la obligación ética y legal de pronunciarse. Su silencio ante irregularidades evidentes no solo incumplen sus deberes legales, sino que constituye un mal ejemplo para toda la comunidad contable colombiana.

Exijo a Ernst & Young y Deloitte que expliquen públicamente cómo cumplieron con sus funciones de supervisión en este caso y qué medidas adoptaron para garantizar que las operaciones de Ecopetrol se ajustaran a los estatutos y decisiones corporativas. El país y la profesión contable merecen respuestas, no silencios cómplices. ¿Y a propósito, dónde está la Junta Central de Contadores?

Y como dijo el filósofo de La Junta: «Se las dejo ahí…” @LColmenaresR