El último informe del DANE, publicado el pasado 22 de abril, confirma una realidad que golpea con fuerza y vergüenza: La Guajira sigue siendo el segundo departamento con mayor pobreza multidimensional en Colombia, solo superada por Vichada. Mientras el país celebra una reducción histórica a nivel nacional (11,5%), en La Guajira la incidencia supera el 39%, una cifra que triplica el promedio nacional y desnuda el fracaso de las políticas públicas y la descomposición institucional, lo que representa una tragedia social.

La dimensión que más pesa en este índice es la educación (33%), seguida por trabajo (26,3%) y vivienda (24,6%) que son clave para medir la calidad de vida real de las personas. Respecto a la educación, puede ser el resultado del nuevo modelo etnoeducativo que algunos líderes indígenas aprovechan extorsionando a los profesores para dejarlos dictar clases, o le hacen perder el año a la niñez para que no puedan cambiar de colegio y mantener la cobertura. Pero eso parece que no le interesa a los congresistas ni gobernantes de La Guajira.

Esta tragedia no es producto de la fatalidad, ni es casualidad que La Guajira esté sumida en la pobreza, el motor es la corrupción. Como dijo una líder wayúu con dolorosa claridad: “Somos una región que produce riqueza, pero vive en la miseria”. Aporta carbón, gas natural, potencial eólico; genera regalías millonarias, pero su pueblo sigue sin agua, sin comida, sin empleo​. Es la paradoja impuesta por décadas de saqueo institucional: riqueza para unos pocos, miseria para la mayoría.

Los gobernantes elegidos para resolver los problemas de la gente llegan al poder es a robar; mientras tanto las instituciones de control miran para otro lado, la justicia archiva expedientes y deja prescribir delitos. Y una sociedad civil que, muchas veces, normaliza el saqueo y la resignación en niños que mueren de hambre y sed, comunidades que viven sin agua potable ni servicios básicos, mientras los millones destinados a cambiar su suerte se esfuman en contratos amañados y obras inconclusas. La indiferencia nos hace cómplices.

No es posible que, con recursos transferidos año tras año para agua, salud, educación y bienestar, sigamos ocupando el podio de la pobreza y la exclusión. El panorama humano y social es absolutamente lamentable. No solo es la estadística del 39%: es el panorama de ver niños con los ojos opacos por el hambre, madres enterrando a sus hijos desnutridos, abuelos que no conocen una pensión ni un servicio de salud digno, jóvenes que deben migrar o resignarse y venden el voto en cada elección.

Cada día es tarde para hacer un llamado urgente a todos los estamentos de la sociedad guajira: a la ciudadanía, para que exija transparencia y rendición de cuentas; a los órganos de control y judiciales, para que actúen con la contundencia que exige la emergencia social; a los líderes indígenas y comunitarios, para que no permitan que su voz sea silenciada por la corrupción.

¿Dónde están los recursos del Sistema General de Participaciones? ¿Dónde están las obras, los programas de alimentación, los acueductos, las escuelas? ¿Hasta cuándo seguirán saqueando al departamento? ¿Hasta cuándo los elegidos seguirán usando el poder para enriquecerse y no para servir? ¿Hasta cuándo los recursos públicos seguirán alimentando los bolsillos de los políticos y gobernantes en lugar de satisfacer necesidades básicas? ¿Hasta cuándo seguirá siendo La Guajira sinónimo de pobreza y abandono? Las respuestas no están en los informes, sino en la voluntad de actuar.

Una vez conocida la información que publicó el DANE me senté a escribir esta columna con rabia, sí, pero también con la esperanza obstinada de que alguien, quien tenga el poder de cambiar las cosas, escuche este clamor. Es un llamado urgente a la conciencia y a la acción para no seguir permitiendo que la corrupción siga robándose el futuro de La Guajira.

Los guajiros merecen justicia, merecen agua, merecen vida, merecen que la decencia le gane a la corrupción, no se necesita de más diagnósticos, ni más promesas, sino que dejen de robar para que los recursos públicos sean para resolver los problemas de la gente.

Y como dijo el filósofo de La Junta: «Se las dejo ahí…” @LColmenaresR